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El Gobierno ha anunciado la implementación del Precio de Venta Justo (PVJ), lo que en una economía altamente parasitaria constituye un paso importante para contribuir a frenar la voracidad empresarial. El PVJ hará mucho más sencilla la tarea de seguimiento de instituciones y, especialmente, de consumidores para cumplir con sus funciones supervisoras en el marco de los controles de precios.
A esta medida, como era de esperarse, se oponen empresarios y la oposición política del país. La acusan de constituir un atentado contra la propiedad privada y la iniciativa empresarial.
En el intento de velar por sus intereses, se exhiben sin escrúpulos. Se imponen sus intereses basados en ganancias grotescas y el credo en el libre mercado. De estar gobernando, no cabe la menor duda que las políticas neoliberales dispararían la inflación a niveles muy superiores a los actuales.
Ahora bien, en la administración del control de precios debemos garantizar la flexibilidad y transparencia. Por ejemplo, la fijación de precios de manera muy prolongada bajo fuertes presiones inflacionarias produce serios trastornos, se traduce en escasez y brotes especulativitos, es decir, todo lo contrario a lo que se persigue. Los controles deben reflejar la realidad económica, deben ser lo suficientemente flexible para promover el crecimiento económico bajo condiciones de equilibrio.
Asimismo, los controles deben ser lo más transparentes posible para evitar corruptelas y beneficios de los poderosos, que compran privilegios amparándose en los controles.
Si bien el PVJ no es una panacea, implementándolo de manera eficiente será un aporte importante en la lucha contra la especulación.