Jesús Faría

ANÁLISIS DE COYUNTURA

22.May.2014 / 12:11 pm / Haga un comentario

Guerra Económica y Ley Habilitante

La especulación constituye un rasgo esencial de la economía venezolana, arraigada profundamente desde hace décadas. El negocio de buena parte de los empresarios locales, especialmente los más poderosos, más que invertir y competir en función de elevar las ganancias, ha sido capturar la renta petrolera aprovechándose del Estado, que en el pasado fue el Estado de las clases exportadoras, y exprimir un mercado cautivo, imponiendo precios exorbitantes, especulativos, para obtener las tasas de ganancias más altas del planeta.

Ahí se encuentra buena parte de la explicación de nuestro atraso productivo y tecnológico, la dependencia externa, el rentismo, la alta inflación… En ese sentido, se ubica la especulación cambiaria como una expresión de esos males. El dólar en el llamado mercado “negro”, ubicado en niveles estratosféricos, divorciados totalmente de la realidad, es propulsado a esos niveles precisamente por una recurrente práctica especulativa.

Los empresarios obtienen jugosísimas ganancias, aprovechando sus posiciones de poder y valiéndose de prácticas ilegales (corruptelas, desvió de divisas asignadas para otros propósitos…), imponiéndole condiciones de penuria a la población. Esas prácticas golpean a la población, a lo que le gobierno responde con una importantísima inversión social y políticas salariales.

La especulación, expresión clara de la lógica capitalista, no entra en la reflexión ética del capitalismo. Los costos sociales no juegan ningún papel en sus cálculos, todo queda subordinado a la maximización de la ganancia.

Guerra económica

A partir del fracaso del intento insurreccional fascistoide en abril de este año en contra del gobierno revolucionario, la contrarrevolución modificó su estrategia. Desde ese momento apeló a la guerra económica, estrategia de desgaste, línea de acción golpista en cámara lenta.

Los precios de los precios aumentan vertiginosamente, los artículos de primera necesidad desaparecen de los anaqueles, golpeando al pueblo en los puntos de mayor sensibilidad política: el estómago y el bolsillo. El ataque en contra de la moneda venezolana es inescrupuloso. Se inventa un precio estrambótico del dólar en el mercado “negro”, que sirve de marcador a toda la economía, desestabilizándola pro completo, con dolorosas consecuencias económicas y sociales.

La guerra económica desatada por la contrarrevolución tiene como propósito preparar una insurrección contra el gobierno revolucionario. Esta apunta al acaparamiento y encarecimiento de los artículos de primera necesidad, la especulación cambiaria y el sabotaje contra sectores estratégicos para el desarrollo económico.

A la luz de una correlación de fuerzas que no le favorecía en lo inmediato, la contrarrevolución apuesta ahora al desgaste en el mediano plazo. Dentro de la estrategia desestabilizadora de la derecha, dirigida y alentada desde el gobierno de los Estados Unidos, la guerra económica asume un papel muy especial.

No es un ejercicio nuevo para la oligarquía y sus instrumentos políticos ni es la primera experiencia para la Revolución Bolivariana. El golpe del 2002 estuvo antecedido por el sabotaje económico. Los grupos económicos desplegaron todo su poder su poder económico-financiero con fines de desestabilización política. También lo aplicaron contra el presidente mártir, Salvador Allende, hicieron crujir a la economía chileno, como lo pidió Nixon, con consecuencias sangrientas para el pueblo chileno.

La relación es muy clara: Escasez y carestía generan malestar social que, a su vez, se traduce en graves costos políticos para el Gobierno Bolivariano. En otras palabras, una crisis económica conduce una creciente conflictividad y, esto, a su vez, al caos y la ingobernabilidad. De ahí a la insurrección hay solo un paso.

En ese sentido, la burocracia, la corrupción, la ineficiencia, actúan como especie de “quinta columna” de la guerra económica. Se convierten en caldo de cultivo para los ataques del imperialismo y sus aliados nacionales. Son estas distorsiones terribles en la sociedad venezolana, verdaderos lastres que venimos arrastrando desde décadas, que actúan como poderosos aliados de la burguesía en la guerra económica. Nos hacen vulnerables a la desestabilización.

La Habilitante

El país se ha puesto en plena sintonía con el planteamiento hecho por el presidente Maduro en torno a la solicitud de una Ley Habilitante a la AN.

Esta ley debe permitir al presidente legislar en torno a dos problemas fundamentales de la  sociedad venezolana, que hacen estragos en la actualidad y que tienen profundas raíces estructurales: La guerra económica y la corrupción.

El pueblo venezolano ha asumido una conducta de apoyo absoluto al propósito expresado por el presidente Maduro. El pueblo entiende que se trata de vicios de profundas raíces históricas que debemos doblegar para profundizar en la línea revolucionaria de elevar el bienestar del pueblo.

Entre tanto, la oposición no ha dejado de atacar la iniciativa gubernamental. Esto no nos puede sorprender. Partidos que se hundieron en el inmundo pantano de la corrupción en el ocaso del puntofijismo, como es el caso de AD y Copei, y otros más nuevos, cuya génesis son prácticas de corruptela, que han venido afinando e incrementado, nunca votarían a favor de acciones que los pone al descubierto y atenta en contra de sus existencia.

Otro tanto podríamos decir de la especulación. Los grupos económicos tienen sus operadores políticos, los partidos de la oposición. Estos dependen de aquellos desde el punto de vista ideológico, político y financiero. Son sus instrumentos políticos. Sería anti natura un apoyo de la oposición a la Habilitante., Más aún, nacería herida de muerte, si la apoyaran estos partido, encarnación del robo de los dineros públicos y defensores a ultranza de la usura. Sus demandas de proteger a corruptos a toda prueba y defender a los especuladores hablan por sí solos.

La Habilitante tiene varias dimensiones en su proyección política, de las cuales quisiéramos desatacar dos de ellas. La primera es la capacidad que tendrá el gobierno de aplicar normas legales para atacar de manera expedita problemas fundamentales de la sociedad venezolana.

En segundo término, y de mayor importancia aún, la Habilitante es punta de lanza de una amplia ofensiva revolucionaria, que convoca a las masas populares a una gran lucha con su gobierno y su vanguardia política, el PSUV,  y, más allá de ella, a toda la alianza chavista, a emprender una cruzada en contra de fuerzas golpista de la derecha fascista y en contra de los males endémicos, que afectan gravemente a la sociedad venezolana. La Habilitante por sí misma no soluciona los problemas, pero activa a una fuerza social, política e institucional con una inmensa capacidad de avanzar, profundizando la revolución.

Habilitante y guerra económica

Ante la guerra económica, revolución tiene que actuar. Por una parte, no puede permitir el incremento abusivo de los precios, el acaparamiento, la especulación con la moneda, el contrabando de extracción… Debe fiscalizar, controlar, sancionar (lo que haya que sancionar), establecer mecanismo eficientes de supervisión. En lo inmediato es lo que se impone, medias administrativas que combatan los efectos de estos males. Esto requiere de la mayor movilización popular y de una elevada eficiencia institucional, aspectos en los que debemos trabajar de manera intensa.

Sin embargo, el trabajo debe apuntar a las raíces estructurales de la economía. Una economía parasitaria, especulativa, rentista dependiente del imperialismo, de las importaciones no solo es incapaz de desarrollarse, sino que se convierte en presa fácil de los ataques contrarrevolucionarios.

La tarea consiste en elevar la productividad y la eficiencia, estimular la creación de miles empresas, garantizar los canales de comercialización de los bienes de primera necesidad, impulsar el protagonismo del pueblo trabajador en unidades de producción socialista y también en la contraloría y supervisión de la actividad económica, establecer mesas de trabajo con sectores empresariales dispuestos a trabajar de manera honesta con el gobierno… La estrategia económica debe apuntar a un nuevo modelo de desarrollo basado en la actividad productiva de alto dinamismo y de un signo social humanista.

Esto significa, por una parte, desplegar una ofensiva histórica que apunte a la industrialización del país. Sobre el Estado revolucionario y la clase obrera recaen enormes exigencias en materia de planificación del desarrollo, así como también en la necesidad de profundizar las grandes transformaciones políticas y culturales.

Habilitante y lucha contra la corrupción

La corrupción azota a la sociedad venezolana desde hace décadas, llegando a su clímax en los años 90, cuando se generó el rechazo colectivo y la perdida absoluta de legitimidad del régimen puntofijista.

La corrupción envilece el funcionamiento de la sociedad. Permite beneficios y privilegios al margen de la ley para los más poderosos, que imponen el peso del dinero en función de enriquecimiento y poder, ensanchando desigualdades sociales propias del capitalismo.

Asimismo, la ética capitalista, que justifica y estimula el enriquecimiento privado sin límite, es un caldo de cultivo para estas prácticas, donde funcionarios públicos son presa de las ofertas corruptoras de los poderosos o imponen a la sociedad estas prácticas en el afán de enriquecerse. El Estado, en su condición de aparato político dirigido por las élites se presta perfectamente para ello.

Sin duda, la fuente originaria de la corrupción es el capitalismo.

La revolución bolivariana nace como compromiso del comandante Chávez de abatir la corrupción. Allí se inscriben los esfuerzos por construir un nuevo Estado nacido de las raíces populares, con métodos eficientes de contraloría.

Igualmente, hay que subrayar los esfuerzos gigantescos en el ámbito cultural. La feroz lucha por impulsar la ética socialista se alinea en contra de los antivalores capitalistas.

En ese contexto, las nuevas relaciones de producción socialista serán un golpe fulminante para las corruptelas.

La declaración de guerra a la corrupción hecha por el Presidente Maduro es la continuidad de lo iniciado por Comandante Chávez. Esta política cuenta con el apoyo absoluto del pueblo, especialmente en los actuales momentos, momento de Habilitante, de movilización popular y de ofensiva revolucionaria.

 

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