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La nueva ofensiva contra la corrupción, que adelantan las fuerzas revolucionarias, se encuentra estrechamente relacionada con la batalla por la estabilidad económica del país. Esta, a su vez, pasa necesariamente por frenar la sangría de divisas que sufre el país.
El Estado venezolano creó condiciones para el desarrollo fluido de la economía a través de Cadivi y el extinto Sitme. Sin embargo, los agentes económicos respondieron con actuaciones invariablemente especulativas y parasitarias, igual que en las últimas décadas, solo que en esta coyuntura potenciada por el cálculo político asociado a la desestabilización del país. Si hacen esto con los controles, nos podremos imaginar los desmadres que se desatarían sin ellos.
Aprovechar ilícitamente las posibilidades que brinda el Estado, sin importar el serio daño que se le ocasiona al país y a la población, es condenable desde todo punto de vista. Estas actuaciones constituyen graves actos de corrupción.
En cada una de estas acciones existen terribles desviaciones éticas y morales. Tanto los “raspatarjetas” como los atracadores que despalillaron el Sitme son responsables, pero el daño ocasionado por estos últimos es infinitamente superior. Allí están involucrados los que obtuvieron las divisas y les dieron un uso distinto, así como los actores que regulaban y supervisaban el mecanismo (funcionarios públicos y banqueros privados), en un negocio milmillonario (¡en dólares!).
Debemos frenar la impunidad, es absolutamente necesario iniciar una investigación rigurosa de todos estos casos, incluyendo el Sitme.