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Las gravísimas violaciones de la ley por parte de Richard Mardo puso el tema del financiamiento de las actividades políticas nuevamente sobre el tapete. Los partidos políticos son expresiones organizadas de las diferentes clases sociales, proyectan sus intereses fundamentales. La vinculación orgánica, ideológica y financiera es estrecha e innegable.
El financiamiento ocurre por múltiples vías. De allí se desprenden estrechísimas relaciones de dependencia, que reducen a los partidos a meros instrumentos al servicio de los negocios. Las promesas electorales no pasan de ser demagogia y mentiras. Sus posiciones desde los gobiernos como desde la oposición responden en esencia a los intereses de la élite. Eticamente se presenta un severo cuestionamiento.
La enorme riqueza económica se transforma en un mecanismo de control político, transformando lo que de acuerdo con sus formas debería ser un sistema democrático en una plutocracia, donde se impone el poder basado en la riqueza.
Los intereses de la mayoría es desplazada y con ella la esencia de la democracia: la participación sobre la base de la igualdad. En el caso de Mardo, las violaciones evidencian la arrogancia típica de la burguesía y sus representantes. Además de violentar la norma de la manera más descarada, esperando la impunidad del pasado, atacan a los poderes públicos que operan en función del cumplimiento de las leyes.
En este tema vital se ponen en evidencia las enormes diferencias éticas entre las fuerzas de la burguesía y las de la revolución.